4 enero, 2017

Actualidad

Urdangarin no irá a la cárcel y evita la fianza de 200.000 euros; Es que alguien lo dudaba?

La Audiencia de Palma ha acordado mantener en libertad provisional a Iñaki Urdangarin, y sólo le ha impuesto la obligación de comparecer el día 1 de cada mes ante la autoridad judicial de su actual país de residencia (Suiza). Además, debe comunicar al tribunal cualquier desplazamiento fuera de la UE o cualquier cambio de residencia, incluso temporal.

Es una consecuencia lógica de todo el proceso, que Iñaki Urdangarín no haya entrado en prisión, pues tal como reza el artículo 792 LECrim, ”…tan pronto sea firme la sentencia, se procederá a su ejecución por el juez…”, a su vez, el articulo 141 del mismo cuerpo rituario, establece que las ”Sentencias firmes, cuando no quepa contra ellas recurso alguno ordinario ni extraordinario, salvo los de revisión o rehabilitación”.

De todo lo anterior se desprende una regla clara en nuestro sistema procesal, y es que las sentencias penales no pueden ejecutarse provisionalmente, excepto a lo que refiere la responsabilidad civil, y, la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Las Palmas, es todavía recurrible en Casación. No entraremos a valorar la competencia que se irrogo la sala pues no es el momento, el caso es que nuestro sistema penal establece la garantía de la doble instancia, por lo que la sentencia no es firme todavía, hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, momento en el que la sentencia adquirirá firmeza, y la Audiencia podrá ejecutar la sentencia, y entre los pronunciamientos de la misma, aquellos de condena que lleven aparejada pena privativa de libertad.

Sabido esto, resulta extraño que los medios se hicieran eco de que la sentencia y los algo mas de 6 años de cárcel impuesta al Duque no se cumplían  de inmediato y era libre de volver a comer chocolate a Suiza, pues no cabe otra posibilidad en derecho penal. Otra cosa distinta hubiera sido aplicar la prisión provisional una vez recaída sentencia condenatoria, esa posibilidad nada tiene que ver con la ejecución provisional de una sentencia penal, sino que es una potestad tanto del juez de instrucción como de la Audiencia, cuando se cumpla alguno de los requisitos que establece el articulo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que por lo visto no fueron apreciados, ni por el Juez Castro (instructor de la causa) ni posteriormente por la sala, por lo que si esos requisitos no fueron observados en su momento, no pudieron ser observados después, cuando las circunstancias personales y las que versan sobre el delito seguían en idéntica situación.

Estos elementos de juicio, que la ley pone a disposición del Juzgador para decretar semejante privación de derechos, (recordar, que poner a alguien en prisión cuando todavía no ha sido Juzgado o cuando la sentencia que le condena NO es firme, es una medida harto excepcional) son:

a) Asegurar la presencia del investigado o encausado en el proceso cuando pueda inferirse racionalmente un riesgo de fuga.

Seria difícil pensar que el yerno del rey emérito, el cuñado del actual rey de España, con 4 hijos en edad escolar etz, pudiera fugarse de la acción de la Justicia.

b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un peligro fundado y concreto.

Poco sentido tendría cuando los medios de prueba ya están todos custodiados, y han sido suficientes para enervar la presunción de inocencia a juicio de la Audiencia.

c) Evitar que el investigado o encausado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima.

Este apartado tiene sentido cuando el delincuente presente unas posibilidades de reincidir muy elevadas y en especial para delitos de sangre, violentos, de violencia de genero entre otros, no es de aplicación en delitos como los enjuiciados en este caso, no solo porque no hay victima sentido estricto pues en su caso seria la Hacienda Pública.

El análisis de la sentencia, y de las penas impuestas merece un comentario aparte, y mucho tiempo libre, en tanto que consta de mas de 700 páginas, pero la parte de la prisión, creo que con estas breves explicaciones queda mas que solventada, en tanto queda patente que no se dan los requisitos legalmente establecidos.

No es posible celebrar  contratos de interinidad por sustitución para suplir a trabajadores en situación de excedencia voluntaria en una Administración pública.

Una vez mas, la administración local a la vanguardia del ardid legal para contratar en fraude de ley

Sentencia 607/2016 de fecha  5 de Julio de 2016, de la bien amada Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que en resumidas cuentas trata de decirle a los ayuntamientos, que sus trabajadores laborales con contratos indefinidos, no son propietarios de esa plaza, ni tienen un poder de dominio especial, que les permita hacer con ella lo que les da la gana, y a ellos mismos como empleadores, no pueden cubrirla con contratos de interinidad, cuando no se cumplen los presupuestos.

Iremos al grano, una trabajadora del ayuntamiento de Valdemoro, con contrato indefinido, decide en 2004 solicitar una excedencia temporal de su puesto de trabajo para lo que creyera conveniente, …cuidar a sus perros, viajar al Tibet para conocerse a si misma, aprender tai chi o recorrer el Amazonas en una canoa… eso nos es indiferente, pero lo cierto es que la excedencia se alargo un poco, tanto como que solicito reincorporarse en 2013, en total 9 añitos, al parecer le cogió el gusto a lo de no fichar cada mañana.

El caso, es que la plaza que dejo vacante nuestra viajera evidentemente había que ocuparla, pues el trabajo seguía existiendo y las necesidades de la administración no estaban cubiertas, bien,  el ayuntamiento para ocupar su plaza decide contratar a otra trabajadora mediante un contrato de interinidad, y en su clausula sexta del contrato de trabajo se identifica a la trabajadora a la que esta sustituyendo.

Hasta aquí todo parece normal, bueno normal, un fraude de ley en toda regla pero de apariencia normal si nadie se queja, y es que analicemos la legislación aplicable, básicamente tendremos suficiente con el Estatuto de los Trabajadores, y es que en su articulo 15.1 letra c, se establece que pueden celebrarse contratos de duración determinada (como es el caso del de interinidad) cuando y cito literalmente:

c) Cuando se trate de sustituir a trabajadores con derecho a reserva del puesto de trabajo, siempre que en el contrato de trabajo se especifique el nombre del sustituido y la causa de sustitución.

Este precepto deja claros dos requisitos, uno podríamos decir de carácter material y otro de carácter formal, el formal la administración parece llevarlo al dedillo, tiene practica en de defraudar al contribuyente parece ser, y efectivamente especifica el nombre y la causa del trabajador sustituido y de la sustitución, sin embargo el elemento material parece que lo dejan al lado, pues el articulo establece que se trate de sustituir, y aquí viene lo bueno, …trabajadores con derecho de reserva del puesto de trabajo… y cuando se goza del derecho a reserva del puesto de trabajo? Muy sencillo el articulo 46 del ET, indica que supuestos permiten la reserva del puesto de trabajo y literalmente establece:

1.La excedencia podrá ser voluntaria o forzosa. La forzosa, que dará derecho a la conservación del puesto y al cómputo de la antigüedad de su vigencia, se concederá por la designación o elección para un cargo público que imposibilite la asistencia al trabajo.

Mientras que la excedencia voluntaria como no puede ser de otro modo tiene un tratamiento distinto, que no contempla la reserva del puesto de trabajo, y que el ET trata así:

5.El trabajador en excedencia voluntaria conserva solo un derecho preferente al reingreso en las vacantes de igual o similar categoría a la suya que hubiera o se produjeran en la empresa.

El resultado es mas que evidente, y es que el contrato de interinidad con reserva del puesto de trabajo fue celebrado en fraude de ley y otorga la condición de indefinida a la trabajadora, por lo que el ayuntamiento estará obligado a elegir entre la readmisión de esta o a abonarle la indemnización que corresponda, incluidos los salarios de tramitación.

Claro, el trasfondo que nos aguarda tras este pleito, no es sencillo, se trata de acabar con privilegios, se trata de sentencias que acaban con métodos fraudulentos instaurados en nuestras administraciones publicas desde hace décadas, se trata de amojonar cotos privados de una serie de cargos públicos, que han colocado a dedo a sus primos, amigos, parientes, es el cuñadismo clásico que permite que un señor lleve 10 años fichando sin ir a trabajar, o que otra señora se vaya 9 años de excedencia y le reserven la plaza hasta que le apetezca volver.

Todas estas situaciones de privilegio, desenmascaran una administración desfasada, un dinosaurio que consume recursos a un ritmo indecente, y que es insostenible se mire por donde se mire, donde se practica el nepotismo mas descarado y donde los únicos perjudicados son los ciudadanos que llevan decadas oyendo la misma cantinela del: ”Vuelva usted mañana”.

 

 

 

 

 

 

Ya desde el primer párrafo quiero hacer una reflexión, que es la primera que me ha venido a la mente cuando he leído la siguiente noticia:

La Fiscalía pide dos años y seis meses de cárcel para una joven tuitera, Cassandra, de 21 años, por la parodia realizada en su cuenta de Twitter sobre el general franquista Carrero Blanco, en relación a su asesinato por la banda terrorista ETA.

La reflexión es la siguiente: ¿No resulta paradójico, que la libertad de expresión, sea limitada por un dictador muerto?

Vamos a añadir algunos datos, el Sr. Luis Carrero Blanco,  fue el sucesor de Franco en el gobierno, la palabra gobierno la utilizamos quizas muy a la ligera para referirnos a la posición de la que gozaba, pero estoy seguro de que mucho autores discreparían sobre el concepto de gobierno atribuido a la figura de un dictador, bueno es una cuestión que puede ser debatida pero en la que no me quiero entretener.

 

El asesinato de Carrero Blanco, también conocido por su nombre en clave «Operación Ogro», fue perpetrado por la banda terrorista ETA el 20 de diciembre de 1973, siendo este presidente del gobierno de España. El asesinato provocó un hondo impacto en la sociedad española de la época, ya que suponía el mayor ataque contra el régimen franquista desde el final de la Guerra civil española en 1939.

Volviendo a la noticia, no deja de ser por lo menos curioso, que la figura de un dictador, es decir un señor cuya pretensión es limitar o vaciar de contenido cualquier derecho social, haya podido desde la tumba encerrar en prisión a alguien que hizo chistes sobre su muerte a través de una plataforma de comunicación social que ni tan si quiera existía cuando el vivía; Esa es a grandes rasgos la paradoja a la que me refería.

Claro, aquí se suscitan diversos debates, el primer y mas evidente es, ¿Puedo ir a prisión por hacer chistes de humor negro en redes sociales? La respuesta es si, puedes y no seras el primero, sentencias como la de la Audiencia Nacional Sala de lo Penal, sec. 3ª, S 15-7-2015, nº 30/2015, rec. 5/2015, condenan a penas privativas de libertad a sujetos que en su momento hacían humor enalteciendo supuestamente el terrorismo de ETA.

Aquí puedes encontrar varias posiciones, la primera se puede resumir en: ”No puede ser que la gente diga lo que le de la gana desde el anonimato y que no les pase nada”; Dar por buena esa posibilidad supone admitir que el derecho penal debe encargarse de situaciones que en abstracto no atacan ningún bien jurídicamente protegido, y por otro lado supone limitar de forma coactiva el desarrollo del derecho fundamental a la libertad de expresión; aquí es donde entra la segunda posición, que podría definirse como: ”No se puede limitar la libertad de expresión, supone una vía represiva poco democrática”, ambas tienen argumentos a favor y en contra pero desde luego, la legislación positiva previene los delitos de odio, y entre ellos el articulo 578 del Codigo Penal, que reza:

Artículo 578.
1. El enaltecimiento o la justificación públicos de los delitos comprendidos en los  artículos 572 a 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos  que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares, se castigará con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a dieciocho meses.

La interpretación del articulo y las miles de variantes en que se puede cometer o consumar, como siempre, a discreción del juzgador, ser mas o menos laxo sera una cuestión de ideología política del Juez, no nos engañemos, estaremos pendientes de cuando salga la sentencia para comentarla.

El Consejo de Estado responsabiliza a Defensa del accidente del Yak-42

El dictamen emitido representa una tesis sobre la responsabilidad patrimonial de la administración.

A pesar de desestimar las pretensiones de resarcimiento de las familias, aclara y resuelve sobre la multitud de errores, y la ineficacia de los que en aquel momento ostentaban cargos en el Ministerio de Defensa. Un evidente varapalo que ademas hace especial inca pie en lo bochornoso de la identificación de los cadáveres.

Es sabido que los responsables de la repatriación de los cadáveres del avión siniestrado yak-42 hicieron paquetes con partes de los cuerpos de los militares muertos para entregarlos a las familias, puesto que el proceso de identificación por ADN es muy caro. En otro orden de cosas, de los 200.000 euros aproximados de presupuesto para alquilar un avión en condiciones, para realizar el transporte, solo 35.000 euros llegaron a cubrir el coste, el resto se dijo en su dia que: se perdio en contratas y subcontratas. El mismo día del siniestro el comandante, preguntaba a sus superiores: ” En eso nos vais hacer volar?…”

Los que les pusieron medallas a titulo póstumo, y promovieron fastuosos funerales de estado fueron quienes les mataron. No tengáis ninguna duda; Y ellos pobres, pensando que daban su vida por una nación, una nación que los empaqueto porque identificarles era…”MUY CARO”

Enlace del Dictamen:

Dictamen Consejo de Estado

 

 

 

 

Un plus en la retribución de los abogados de oficio que utilicen el Catalán en sus escritos.

Los letrados del turno de oficio que presenten sus escritos en esta lengua cobrarán 14 euros extra por actuación

El mundo judicial es uno de los escasos ámbitos que permanecen impermeables a las políticas lingüísticas de la Generalitat. Para tratar de revertir la situación, su Consejo Ejecutivo aprobó el viernes pasado una nueva medida: pagar 14 euros adicionales a los abogados de oficio que presenten sus escritos en catalán. La prueba piloto, fruto de un convenio con el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), se desplegará a lo largo de este año y contará con un presupuesto total de 915.000 euros.

Para justificar la iniciativa, el Govern recordó que en 2015 solo un 8,5% de las sentencias judiciales se dictó en catalán, circunstancia que fue calificada por el consejero de justicia, Carles Mundó, de “emergencia” lingüística. Para atajarla, el Ejecutivo catalán ha creado la citada bonificación, destinada a incrementar la presencia del catalán en las demandas, recursos, apelaciones y notificaciones judiciales.