La acumulación jurídica de penas y la refundición de condena.

 

 

Resumen: Esta entrada tiene como objeto aclarar las diferencias y límites de dos figuras jurídicas casi esenciales en el derecho penal y penitenciario, pero que adquieren relevancia en ámbitos  distintos, por un lado la acumulación jurídica de penas es una herramienta destinada a la determinación y aplicación de las penas privativas de libertad, en concreto la prisión, cuyo origen normativo se encuentra tanto en el Código Penal como el la Ley de Enjuiciamiento Criminal, mientras que la refundición de condena es una figura prevista en el Real Decreto 190/1996 por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario, destinada a establecer los límites penológicos a efectos de determinar la aplicación de ciertos beneficios penitenciarios como la libertad condicional y a determinar en una sola resolución cuales son las fechas de inicio del internamiento en centro penitenciario y la de licenciamiento.

La acumulación de penas, que es y para qué sirve.

Podemos distinguir dos momentos en la determinación de una pena de prisión, en un primer momento se evalúa la conducta y se encaja en el tipo penal previsto, ese tipo penal contempla una pena y esta se impone, por ejemplo, el articulo 181 CP, contempla penas de 1 a 3 años de prisión para el responsable de un abuso sexual, el Juzgador en atención a la prueba practicada y a su criterio impone la pena que cree más ajustada, pongamos 2 años de prisión, hasta aquí el primer momento; Pero, qué sucede cuando el acusado a cometido dos o más delitos?

Aquí entramos en el segundo momento, y es que bajo el título ‘’reglas especiales para la aplicación de las penas’’ el CP establece como regla general en su artículo 73, el sumatorio de penas por las distintas infracciones penales realizadas, eso quiere decir que en el caso de concurso real de delitos (no entramos a valorar el concurso ideal), el culpable de 2 robos con violencia, dos agresiones sexuales y 4 allanamientos de morada, debería en principio sumar todas las penas impuestas por los distintos delitos y someterse a su efectivo cumplimiento, pero a su vez el artículo 76 establece unos límites a ese sumatorio y establece que:

‘’No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más  grave  de  las  penas  en  que  haya  incurrido,  declarando  extinguidas  las  que  procedan desde  que  las  ya  impuestas  cubran  dicho  máximo,  que  no  podrá  exceder  de  20  años.’’

Este es un artículo vital importancia, cuyo conocimiento a esbozado una sonrisa en el rostro de muchos delincuentes, y es que, el máximo de cumplimiento efectivo de las penas sumadas en el momento primero queda reducida al triplo de la mayor impuesta, y siempre con un máximo de  20 años, (ampliable en ciertos casos) el resto queda extinguida, de ahí que hablemos de acumulación.

Esta limitación al cumplimiento de penas, tiene origen sobre todo en el principio constitucional de rehabilitación de las penas de prisión consagrado en el artículo 25.2 de la Constitución y en evitar los peligros de la aplicación draconiana del articulo 73 y el sumatorio de todas las penas, y es que de ser así, se producirían paradojas como que una sucesión de delitos de menor entidad, podrían llevar a la imposición de penas durísimas, equiparables a las de los delitos más graves como el asesinato, y por otro lado, dar cumplimiento a un principios básico en derecho penal como es el de la proporcionalidad de las penas, además nuestro sistema penitenciario está inspirado en el principio de humanidad de las penas, tratando de evitar que el penado carezca de una expectativa real de una vida futura.

Iter Procesal de la Refundición de condenas

Veamos ahora, las peculiaridades procesales de esta figura, y es que el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que cuando el culpable de varias infracciones penales ha sido condenado en varios procesos, será el último tribunal que dictó sentencia el que,  conforme a los límites del artículo 76 del CP, deberá mediante auto, delimitar el límite de cumplimiento efectivo, eso sí, con unos requisitos:

  • Que los distintos delitos pudieran haber sido enjuiciados en una misma causa, conforme a las reglas del artículo 17 LEcrim. Esto es, conexidad entre los delitos o entre los autores (grosso modo)
  • Solicitud: de oficio, a instancia del Mº Fiscal o del penado.
  • Competencia: El tribunal que hubiera dictado la última de las sentencias (criterio temporal)
  • Requerimiento de la hoja histórico penal por el LAJ.
  • Se resuelve mediante auto que es recurrible en Casación.

Ejemplo Práctico

Órgano judicial Fecha hechos Fecha juicio Fecha sentencia Penas (A-M-D)
Juzgado Penal núm. 3 de Lleida  (ejec. 156/13) 08-05-10 25-11-13 03-02-14 0-6-0
Juzgado Penal núm. 2 de Tarragona (ejec. 189/14) 13-02-11 02-09-14 05-12-14 1-3-0
Audiencia Prov. Bilbao (ejec. 205/15) 15-12-13 26-07-15 26-10-15 2-6-0
Juzgado Penal núm. 4 Valencia (ejec. 40/13) 02-03-09 05-09-12 20-01-13 1-6-0
Juzgado Penal núm.6 de Barcelona (eje. 265/16) 14-06-14 12-06-16 07-12-16 4-9-0

Tomemos como ejemplo esta tabla, en primer lugar habrá que determinar el juzgado competente para entender de la acumulación, en este caso la última de las sentencias es la ejecutoria 265/16 del Juzgado penal de Barcelona, este será el competente para la acumulación; En segundo lugar es necesario examinar cual es la sentencia a la que acumularemos el resto, esta será la más antigua, en este caso, sería la ejecutoria 40/2013 del Juzgado penal de Valencia, sin embargo a raíz de la reforma y con la modificación del artículo  76.2 CP se quiebra con el principio de conexidad entre los hechos delictivos y asume en primer lugar, la plena asunción de la doctrina jurisprudencial, eliminando la exigencia de conexidad para la refundición de condenas, al acoger un criterio exclusivamente temporal. En segundo lugar, que la fecha que determina el límite para la refundición es la de la celebración del juicio que da lugar a la primera condena (“la fecha en que fueron enjuiciados”), no la fecha de la sentencia, ni la de su firmeza.

Tomamos por tanto la fecha del enjuiciamiento, que sería el 05-09-12, por lo que habría que excluir de esta sentencia aquellos hechos ya sentenciados en esta fecha y aquellos hechos cometidos con posterioridad a esta fecha, pues no habrían podido ser enjuiciados en este procedimiento, por lo tanto quedan excluidas las ejecutorias 205/15 del Penal de Bilbao, y la 265/16 del Penal de Barcelona, el resto si son acumulables.

Una vez sabemos que sentencias podemos acumular, vemos las penas impuestas para conocer si es más beneficioso para el reo, el sumatorio de penas o la aplicación del triplo de la mayor del art. 76 CP, vemos pues; Tenemos 6 meses del Juzgado Penal núm. 3 de Lleida  (ejec. 156/13), más 1 año y 3 meses de Juzgado Penal núm. 2 de Tarragona (ejec. 189/14) y 1 año y 6 meses de Juzgado Penal núm. 4 Valencia (ejec. 40/13), lo que suman un total de 3 años y 3 meses, mientras que el triplo de la mayor supondría un total de 4 años y 6 meses, lo que sería a todas luces perjudicial. En conclusión, el juzgado Penal 6 de Barcelona dictaría Auto no dando lugar a la acumulación y ordenado el cumplimiento sucesivo empezando por la más grave.

Con las dos ejecutorias que no han sido objeto de acumulación inicial podría hacerse un segundo bloque de sentencias, aplicando exactamente los mismos criterios ut supra, procediendo a acordar el Juzgado competente lo que correspondiera.

Como conclusión podemos establecer una idea general que es compartida por la jurisprudencia, y es que en harás del respeto a los principios pro reo que rigen en nuestro sistema penal, y tal  como señalan, entre otras, las sentencias números 328/98, de 10 de marzo , 1586/98, de 21 de diciembre y 754/2000, de 8 de mayo , lo que pretendía el art. 70.2 ” in fine ” del CP anterior (y reiteró el art. 76.2 del Código Penal de 1995 ) es que a todos los supuestos de concurso real de delitos se les dé el mismo tratamiento, con independencia de que los hechos se hayan enjuiciado o no en un mismo proceso, siempre que el enjuiciamiento conjunto hubiese sido posible.

Y recordad, en derecho penal quien dicta la sentencia debe ejecutarla. (Excepto el tribunal supremo que no esta para estas lides, y a excepción de los incidentes que surjan en el desarrollo del cumplimiento de la condena ya en centro penitenciario que dependerán del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria del que dependa territorialmente el centro.)

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