La Ley de la Jurisdicción Voluntaria, en especial la reforma de la ‘’Interpellatio in iure’’

En cuanto a la Ley de Jurisdicción Voluntaria

Lo cierto es que la ley de la jurisdicción voluntaria a supuesto una reforma legal de enorme calado entre los abogados de pleito diario, es una norma muy amplia que ha reescrito y modificado numerosas leyes y reglamentos, socavando asi los cimientos de la vía jurisdiccional ordinaria para muchos actos que se habían convertido en ‘’puros tramites’’; Pero que no os lleve a engaño, la norma contempla la posibilidad de instar algunos procedimientos sin postulación letrada ni representación por procurador, y algunos otros como el de la autorización o aprobación judicial para la realización de actos de disposición, gravamen u otros que se refieran a los bienes y derechos de menores y personas con capacidad modificada judicialmente requerirán de abogado cuando el valor del acto sea superior a 6000€, por poner un ejemplo, sin embargo, la más mínima oposición de alguno de los interesados supondrá el fin de la vía voluntaria y el inicio del correspondiente contencioso, del mismo modo la fase ejecutiva requiere de postulación por lo que no esta tan clara la ausencia total de letrado, por lo que si la reforma pretendía dejar fuera a los profesionales del derecho en estos supuestos tasados, no lo ha conseguido del todo.

Centrando el objeto de este post, hablemos del cambio sufrido por la ‘’interpellatio in iure’’, explicare brevemente en que consiste esta figura; La situación en la que se encuentra una herencia cuando todavía no ha sido aceptada o renunciada, es la de ‘’herencia yacente’’ esta situación no es satisfactoria  ni para los llamados ni para los terceros relacionados con el caudal relicto; y esta situación se puede prolongar en el tiempo si no se produce la aceptación de la herencia por el que le corresponda. Por ello los artículos 1.004 y 1.005 conceden una acción a los interesados en el patrimonio hereditario, tales como los herederos llamados, aquellas personas que sucederían al llamado en su lugar en caso de renuncia, los legatarios y los terceros acreedores de la herencia que insten judicialmente a los titulares del ‘’ius dellationis’’ para que acepten o renuncien la herencia y finalizar con esa situación, básicamente, para poder empezar a adjudicar los bienes y pegarte el viaje que tenías programado a costa del plan de pensiones del abuelo.

El antes y el después del Código Civil Español.

Antes de la entrada en vigor de la Ley 15/2015, de 2 de julio, de la Jurisdicción Voluntaria la redacción era la siguiente:

           “Instando, en juicio, un tercer interesado para que el heredero acepte o repudie la herencia, deberá el juez señalar a éste un término, que no pase de treinta días, para que haga su declaración; apercibido de que, si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada.”

A consecuencia de la entrada en vigor de la mencionada norma, el artículo sufre una ligera modificación, y se plasma del siguiente modo:

‘’Cualquier interesado que acredite su interés en que el heredero acepte o repudie la herencia podrá acudir al Notario para que éste comunique al llamado que tiene un plazo de treinta días naturales para aceptar pura o simplemente, o a beneficio de inventario, o repudiar la herencia. El Notario le indicará, además, que si no manifestare su voluntad en dicho plazo se entenderá aceptada la herencia pura y simplemente’’

La diferencia es clara, en una los abogados teníamos trabajo, en la modificación el trabajo lo tienen los notarios, hemos pasado de la garantía JUDICIAL a la garantía NOTARIAL, la diferencia aquí a mi juicio y en mi opinión personal como letrado, es que el juez por definición es el tercer poder del estado (recordemos a Charles Louis de Secondat, Señor de la Brède y Barón de Montesquieu, legislativo, ejecutivo y Judicial) , una garantía casi estatal con las prevenciones de imparcialidad, sujeción a la legalidad etc., mientras que el notario es un fedatario público en el que convergen las figuras de funcionario estatal y empresario, pues la notaria es una Sociedad mercantil a todos los efectos, vamos, un negocio. Criticas aparte, resulta evidente que las garantías que ofrece un proceso judicial, con las prevenciones y oportunidades de contradicción que ofrece nuestra legislación, frente a un acto casi unilateral, instado sin posiblemente mucho rigor jurídico, sin la asistencia letrada que podría, en muchos casos, suponer un asesoramiento de mayor calidad o incluso a través de ese asesoramiento explorar otras vías mucho más interesantes, digamos que no es del agrado de muchos profesionales.

Vemos que en lo que respecta al derecho español, la cuestión ha quedado claramente finiquitada (mal resuelta pero finiquitada), pero, que ha pasado en el derecho Catalán? Aquí la cosa no esta tan clara, pues la redacción del artículo sigue siendo la misma antes y después de la Ley de Jurisdicción voluntaria, y es la que sigue:

‘’Las personas interesadas en la sucesión, incluidos los acreedores de la herencia o del llamado, pueden solicitar al juez, una vez haya transcurrido un mes a contar de la delación a su favor, que fije un plazo para que el llamado manifieste si acepta o repudia la herencia. Este plazo no puede exceder de los dos meses. ’’

 

Aquí al parecer sigue siendo el juez el competente para entender de la interpellatio, pero es esto así? En principio aquí habría que entender derogada tácitamente la norma pues la competencia del estado en esta materia es exclusiva, por lo que habría que atender a la competencia del notario, pero hay quien podría argumentar que el legislador catalán puede regular los aspectos digamos más sustantivos, donde se incluiría el órgano competente y los aspectos procesales corresponderían al estado, con lo que la competencia correspondería al Juez. Yo me inclino a pensar, que si el legislador hubiera querido adaptarse a la norma lo hubiera hecho, y que si no lo hizo fue porque no quiso, por lo que no caben interpretaciones a la pasividad del legislador o de otra índole.

Sin embargo algunos colegios de notarios han interpretado a su favor (como no…) que La Ley de Jurisdicción Voluntaria se promulga, según dice la disposición adicional vigésima, al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislación procesal conforme al artículo 149.1.6ª de la Constitución Española. Con arreglo a ello, si la posibilidad de realizar la “interpellatio in iure”, por vía notarial es una cuestión de orden procesal, debe de ser de aplicación en todo el territorio nacional.

En estos términos queda planteado el debate y abierta la posibilidad de que año tras año los abogados sigamos perdiendo competencias o materias sobre las que trabajar, en favor, de graduados sociales, notarios, letrados de la administración de justicia, mediadores, y quizás en breve procuradores; Es posible que en unos años haya que explicarle al justiciable que esos cambios no obedecen a cuestiones técnico-jurídicas sino mas bien a intereses políticos y económicos. Todo a su tiempo.

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